La iniciativa busca equilibrar el derecho de los menores a la reinserción con el derecho de las víctimas a la justicia.
Ciudad de México, miércoles 12 de noviembre de 2025. — El vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín, presentó una iniciativa para reformar el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con el fin de cerrarle el paso al crimen organizado y evitar que los grupos delictivos utilicen a menores de edad para evadir la justicia.
Durante su exposición, el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) subrayó que la reforma “no busca criminalizar a los jóvenes, sino protegerlos del uso que el crimen organizado hace de ellos”.
“Los homicidios dolosos cometidos por menores han aumentado un 40%. No se trata de transferirles la culpa, sino de impedir que las organizaciones criminales los utilicen como estrategia para obtener impunidad”, afirmó.
La propuesta establece que un juez especializado podrá determinar, con base en dictámenes técnicos y psicológicos, si un adolescente deberá ser transferido al régimen penal ordinario al cumplir 18 años, siempre y cuando la gravedad del delito lo justifique. Durante su minoría de edad, permanecerá en centros especializados que garanticen su educación, atención psicológica y evaluación interdisciplinaria.
El senador explicó que, actualmente, el sistema no distingue entre delitos menores y graves, aplicando medidas de internamiento de hasta cinco años, sin considerar la magnitud del delito. “Hoy quien roba y quien comete un homicidio doloso enfrentan prácticamente las mismas consecuencias. Eso genera una percepción de impunidad que el crimen organizado aprovecha”, puntualizó.
De acuerdo con datos citados por Ramírez Marín, el 56.5% de los adolescentes sancionados cumplen medidas en externación, mientras que solo el 27% enfrenta internamiento, lo que evidencia vacíos normativos que limitan la efectividad del sistema.
La iniciativa busca fortalecer el equilibrio entre los derechos de los menores y el derecho de las víctimas a la justicia.
“Ningún adolescente perderá su derecho a la educación y a la reinserción, pero tampoco ninguna víctima debe perder su derecho a la justicia”, enfatizó.
Ramírez Marín concluyó que esta propuesta es una respuesta ante un fenómeno en crecimiento y una llamada a la responsabilidad del Estado para proteger tanto a los jóvenes como a la sociedad.
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